El servicio público del sistema educativo español fue sometido a un agudo proceso de debilitamiento por los recortes sufridos con motivo de las políticas económicas de austeridad que la derecha conservadora impuso durante la reciente crisis financiera. Sin haberse superado aún el impacto de carencias y exclusión – que dicha política de recorte del gasto educativo público provocó -, el servicio público tanto escolar como universitario se han vuelto a encontrar inmersos en otra gran crisis que les afecta en extensión y profundidad.
Esta vez como consecuencia de la Covid19, la pandemia universal de la era de la globalización que ha venido a poner en cuestión el modelo neoliberal y sus recetas de desregulación, privatización de servicios y bienes públicos. Y que además encomienda a los individuos – a título particular, en vez de a la sociedad y Estado -, la búsqueda de soluciones a problemas que hasta fechas recientes eran función y deber del Estado de Bienestar, como garante de la » procura existencia» de los derechos básicos de ciudadanía social, como la sanidad y la educación.
El caso es que esta nueva situación de catástrofe sanitaria, social y económica ha cogido también por sorpresa, desguarnecido y debilitado – una vez más – el servicio público de educación, forzándolo a adoptar soluciones y medidas tan inéditas como urgentes sin contar con los recursos o con la experiencia necesarias.
Son dos duras crisis sucesivas que agreden al sistema educativo, lo someten a tensión y estrés, ensombreciendo cada vez más las expectativas académicas y profesionales del alumnado en general. Se hunden literalmente las oportunidades de promoción de amplios sectores del alumnado de las familias más vulnerables. Dos duras y grandes crisis sucesivas que afectan también de modo especial a generaciones como la de los millennials que, aún contando con elevados niveles de formación académica, de nuevo encuentran muy limitadas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Un ejemplo muy negativo que pone en evidencia el poco valor que el mercado de trabajo muchas veces otorga a la la formación académica.
Según datos de la UNESCO la pandemia ha desalojado de los centros escolares, por un tiempo que aún no es posible determinar, a 1.500 millones de niños y niñas en todo el mundo; en España a 10 millones de escolares, encerrándoles en sus hogares e incorporándoles azarosamente a la educación on-line. Todo ello con la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo podrán volver a la actividad escolar normalizada, y teniendo que decidir aún las autoridades educativas la posibilidad de que el próximo curso 2020-2021 tenga que desarrollarse combinando la enseñanza presencial (15 alumnos/as por aula) con la enseñanza telemática.
Todo un reto, todo un nuevo camino a recorrer, en el que no puede ser dejado atrás el alumnado que hasta ahora – por carencias que llevan a la desigualdad y la exclusión social de sus familias -, ha quedado descolgado del sistema educativo.
Según algunas previsiones, en España un 10% de las familias (con hijas/os matriculados en las escuelas públicas) carecen en su casa de dispositivos informáticos y 100.000 hogares de familias con bajos recursos no tienen conexión a Internet. Preocupa, pues, la brecha digital existente.
Estamos ante una nueva expresión de la brecha social que, sumada a los efectos laborales de precariedad y pérdidas de empleo que ya ha originado la crisis de la pandemia, obligan a replantear tres aspectos de la cuestión central:
1.- ¿Cómo garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y calidad a todo el alumnado, especialmente al que se encuentra en situación más vulnerabilizada? Y no solamente mientras dure la emergencia, sino también cuando se conozcan los destrozos que está ocasionando y se deban tomar las decisiones presupuestarias y la dotación de recursos para superarla.
2.- ¿Cómo evitar que el estancamiento – del ascensor social que siempre fue – la educación, no termine derivando hacia la «Sociedad del descenso»? El ascensor es sustituido, a partir de un punto, por una escalera de una sola dirección, descendiente, por donde cae la mayoría de la sociedad. Mientras que una pequeña minoría sube cómodamente incrementando su riqueza y su poder.
3.- ¿De dónde vendrá el auxilio, de dónde la solución a esta grave situación? En educación, igual que en sanidad, no serán el sector privado ni los bancos, sino el fortalecimiento sin complejos de la escuela pública a través de una mayor financiación por medio de los Presupuestos del Estado y restantes Administraciones. Esto conlleva el correspondiente esfuerzo fiscal por parte de la sociedad española, desde donde se aportarán los medios que necesitaremos para evitar que la pandemia del Coronavirus mute en una desastrosa pandemia de pobreza y exclusión.
Fortalecer el servicio público escolar, las escuelas y universidades públicas. Tal debería ser la primera y gran lección que debiéramos extraer del grave y prolongado episodio que estamos sufriendo. Tal debería ser uno de los grandes acuerdos que deben salir de la recientemente creada Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Tal debería ser, igualmente, uno de los objetivos que debería proponerse desde el Proyecto de Ley orgánica que el Gobierno ha enviado a las Cortes.
Este habría de ser el gran empeño de todos los sectores que integran el sistema educativo español: buscar el interés general y el beneficio de la mayoría, más que insistir en la vieja, cansina e interesada batalla de siempre, de pujar y empujar por llevarse la mayor y mejor porción de los recursos públicos para beneficio de idearios o negocios particulares.
Victorino Mayoral Cortés.
Presidente de la Fundación CIVES