La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer en el Parlamento andaluz que en su comunidad se seguirá impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que buscará por todos los medios que eso sea posible, ya que el desarrollo de los jóvenes en materia de Derechos, democracia y participación ciudadana es igual de importante que el currículo académico.
También afirmó que no va a concertar con centros que segreguen alumnos por sexo, tal y como plantea la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), aprobada hace unas semanas por el Gobierno central. De este modo, Díaz le planta cara a la llamada ley Wert, que ayer aunó a la comunidad educativa en la tercera huelga general de educación, la más masiva de todas las mareas verdes acontecidas hasta ahora. Los convocantes calcularon entre 250.000 y 300.000 asistentes, e incluso se aventuraron a sumar más de dos millones de personas en las cerca de 70 concentraciones que tuvieron lugar en distintas ciudades españolas.
“El Gobierno central tiene una hoja de ruta para desmontar la educación pública”, declaró Díaz. “Primero llevaron a cabo múltiples recortes, cifrados en 5.200 millones. Después asaltaron las becas, que dejan de ser un derecho y se convierten en un privilegio. Finalmente, han cambiado radicalmente el modelo educativo. La LOMCE nos retrotrae a tiempos pasados”, sentenció la presidenta andaluza.
Sin embargo, la socialista aseveró que no va a permitir que eso pase en Andalucía. Desde su posición, llevará ante el Tribunal Constitucional los artículos de la LOMCE que “vulneren la igualdad y el derecho a la educación” y, mientas fallan a favor o en contra, tomará las medidas que considere oportunas para no volver atrás en materia educativa.
Según apuntó en el Parlamento, reforzará la plantilla docente con 850 plazas, cubrirá las bajas de larga duración, contratará a interinos y no permitirá que ningún alumno sea excluido por razones económicas, porque “la educación es la mayor herramienta para la igualdad de oportunidades”. Díaz lamentó que, con esta ley, va a ser más difícil que hijos de trabajadores o inmigrantes accedan al sistema educativo, rompiendo así el éxito de una generación en la que padres analfabetos tienen hijos con estudios superiores.
Díaz puso especial hincapié a que no sólo hay que preocuparse de los resultados académicos, sino también del desarrollo integral de los jóvenes y de educar ciudadanos. “La desaparición de EpC, la vuelta a la confesionalidad o la vía libre a los conciertos, entre ellos a los centros que segreguen por sexo va en sentido contrario”, concluyó la presidenta andaluza.