Intervención de la Fundación Cives en representación de las organizaciones firmantes del Memorándum en defensa de la Educación para la Ciudadanía
El nombre de esta mesa es ¿cómo construimos democracia a través de la educación cívica europea? Bien, para poder trabajar la ciudadanía europea en las escuelas debe darse un factor imprescindible: que exista la voluntad por parte de la autoridades educativas de impartir educación para la ciudadanía en las escuelas. Esto que puede parecer una obviedad, por desgracia, no lo es en España.
La semana pasada, el gobierno español aprobó definitivamente una reforma educativa que elimina la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos del currículo oficial español. Con esta nueva ley, desaparece de la escuela el espacio y el tiempo para tratar los valores cívicos fundamentales para la construcción de una ciudadanía democrática que garantice una convivencia pacífica. Así, desaparecen del currículo español contenidos como la lucha contra la violencia de género, la xenofobia, la pobreza y sus causas, la homofobia, la ciudadanía activa o los deberes y derechos ciudadanos, entre otros.
En un contexto como el actual en el que, como se ha dicho, la desafección por las instituciones democráticas, el auge del populismo, el racismo y los discursos de odio, etc. se han convertido en una amenaza real para la convivencia entre europeos, el gobierno español ha decidido, en lugar de reforzar todos los valores democráticos que permitan a la ciudadanía disponer de las herramientas necesarias para combatirlos, acabar con todo espacio de pensamiento crítico en las escuelas.
Este hecho es preocupante para España pero no debe ni puede ser considerado como un fenómeno ajeno a la construcción de la ciudadanía europea. España ha decidido, de forma unilateral, romper con los acuerdos firmados con el Consejo de Europa y desobedecer las directivas y recomendaciones que este mismo organismo lleva diez años promoviendo. España, pues, ha decidido salir unilateralmente del consenso europeo respecto a la educación en los valores que deben configurar la ciudadanía de la Unión y que reposan, en última instancia, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Con esta decisión, se abre la puerta a que cualquier otro país pueda hacer lo mismo (acabamos de oir que es el caso de Portugal) y por lo tanto a la destrucción de los esfuerzos del Consejo de Europa por crear una base compartida de valores comunes que permitan crear una identidad europea.
La nueva ley educativa ha sido definitivamente aprobada en España a pesar de la fuerte oposición de todos los sectores de la sociedad. Más de 60 organizaciones españolas de la sociedad civil, como Amnistía Internaciona, Intermón Oxfam, CEAPA, asociaciones feministas, defensores de los derechos humanos, asociaciones de gays y lesbianas u organizaciones educativas como Cives, redactamos durante 2013 un memorándum dirigido al Consejo de Europa en el que denunciamos las intenciones del gobierno respecto a la supresión de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Este texto explicaba todo el recorrido que ha tenido la asignatura desde su implantación en España en el 2006 hasta su eliminación prevista en esta ley. En él denunciamos cómo el Gobierno ha cedido a las presiones sobre todo de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores de la sociedad.
En efecto, estos sectores han estado batallando, desde la implantación de la asignatura, por su retirada considerándola «adoctrinadora» y contraria al derecho de las familias a decidir el tipo de educación moral de sus hijos. Así, estos sectores consideran que el Estado no tiene legitimidad para educar en valores en la escuela y que los contenidos relacionados con la moral son es potestad exclusiva de los padres. Con estos argumentos llegaron incluso a reclamar el derecho a la objeción de conciencia para evitar que sus hijos e hijas asistieran a la clase, argumentos que fueron tumbados, uno tras otro, por el Tribunal Supremo en base al derecho constitucional.
La prueba del truimfo de estas presiones puede verse, además de en la eliminación del currículo de todos los contenidos molestos para los conservadores (homosexualidad, género, etc) en el retorno de la religión confesional como optativa computable para la media.
El memorándum que enviamos al Consejo de Europa fue apoyado por centenares de organizaciones y redes europeas como el Foro Cívico Europeo, Solidar, EUCIS, DARE, Citizens for Europe, etc, que vieron la amenaza que este tipo de actuaciones supone para el proyecto comunitario.
Como resultado de nuestra queja, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, realizó una investigación en España, entrevistándose con los diferentes sectores implicados y concluyó en su informe que el Gobierno no había sido capaz de demostrar las acusaciones de adoctrinamiento en las que se ha apoyado para tomar la decisión de la supresión de la asignatura. En su informe sobre el estado de los Derechos Humanos en España, publicado el pasado mes de octubre, el Comisario del Consejo de Europa pide al Gobierno Español que reconsidere la situación y que mantenga la asignatura.
Éste no ha sido el único organismo que ha solicitado al Gobierno que rectifique. El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo nacional, también desaconsejó al Gobierno esta medida en su análisis del proyecto de ley.
También conseguimos llegar al parlamento español, el presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral, compareció en el Congreso de la Diputados en nombre de las organizaciones firmantes y con un gran apoyo de organizaciones europeas, para exponer las causas por las que diferentes organizaciones de ámbitos de actuación diversos considerábamos un error esta decisión y un paso atrás en los avances logrados hasta la fecha.
Nada ha conseguido frenar una ley que ha sido formulada sin ningún consenso (aprobada con los únicos votos del grupo popular), sin ningún diálogo ni social ni con la comunidad educativa.
Sí se ha logrado, no obstante, forzar el compromiso del resto de partidos que configuran el arco parlamentario, de derogar la ley tan pronto como el Gobierno pierda la mayoría absoluta, que según todos los indicadores será en 2015, el mismo curso en el que la ley debería entrar en vigor.
En conclusión, es posible que esta ley no llegue a aplicarse o que si lo hace tenga una vida muy breve. Lo dramático es que ni la fuerte presión social, ni las llamadas de atención de diferentes instituciones, han conseguido paralizar una operación unilateral tan dañina para el bien común, y en el caso que nos ocupa concretamente en esta mesa, para la educación cívica europea como medio de garantizar la democracia.
La pregunta que se plantea ahora es la de ¿cómo evitamos que esto ocurra en otros países?, ¿de qué herramientas podemos disponer para evitar que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo con esta facilidad en Europa?. Pedimos al resto de instituciones europeas, además del consejo de Europa, que no se desentiendan de la educación para la ciudadanía, un pilar democrático fundamental para asegurar la convivencia pacífica y contribuir a una verdadera ciudadanía europea.