Tanto encuestas oficiales como organizaciones privadas dan cifras, escandalosas por un lado y dispares por otro, sobre el número de ciudadanos de nuestro país que se encuentran en situación de exclusión social, es decir sin ingreso alguno y abocados a la miseria y a pasar hambre. Da vergüenza tener que escribir esto de España y de españoles.
Cáritas, coincidiendo con alguna encuesta del INE, cifra en 700.000 hogares -más de tres millones de personas- los que se encuentran en situación de exclusión social (otras organizaciones elevan considerablemente este número). Este colectivo lógicamente incluye a muchos niños añadiendo aún mas dramatismo a una situación de por sí ya muy dramática.
Hay circunstancias -y ésta es, sin duda, una de ellas- en las que es insuficiente la ponderación de las encuestas, en las que no basta con enumerar, hay que poner detrás de cada número nombre y apellidos, cara y ojos, y expedir la documentación oportuna que nos permita conocer nombres, domicilio y edades de cada niño, niñas, mujer y hombre que se encuentre en tan penosa situación.
No debe tratarse de crear un mero registro asistencial, que por supuesto también, sino un marco jurídico que obligue a la colaboración de las administraciones existentes, nacional, autonómica y local, para determinar los tenedores de este DNI de la emergencia social. Lógicamente, este marco legal debe contemplar los requisitos necesarios para acceder a dicho documento, enumerar minuciosamente tiempos, cargas e ingresos y establecer con severidad las penas que conlleva los intentos de fraude en esta materia. Por su naturaleza jurídica, tan solo puede aprobarlo el Congreso, por su naturaleza social debe tramitarse por la vía de urgencia y debiera alcanzar un alto grado de consenso.
Determinado el colectivo, hay que fijar las justas demandas a satisfacer, con realismo y sin concesiones, cuantificar el montante económico y estudiar los mecanismos que razonablemente podemos poner en marcha sin arriesgar un crecimiento económico estable, que es el que puede solucionar definitivamente el problema y dentro del marco jurídico a que obliga tanto nuestra pertenencia a la UE como que nuestra moneda sea el euro.
Una cifra abordable
Las evaluaciones hechas hasta ahora, tanto por Cáritas y otras organizaciones sociales como por el INE (encuesta de exclusión social), nos llevarían a una cifra entre 2.000 y 3.000 millones de euros, como cantidad necesaria para paliar la situación de exclusión social. Es una cifra ciertamente importante, pero para nada inabordable: en comparación con el PIB representa el 0,29%, respecto la deuda igualmente el 0,29 %, en términos de presupuesto de gastos para el 2014 el 1,15% y si además hacemos de la necesidad virtud, el coste económico puede ser mucho menor y contribuir a resolver otros problemas.
A lo largo del año, son muy numerosos los actos de protesta que protagonizan agricultores y ganaderos a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias, para poner en evidencia las ruinosas caídas de precios, consistentes en repartir gratuitamente, cuando no tirar, producciones agrarias que van de los pollos a la fruta, pasando por la leche.
No deja de ser una triste paradoja, que por un lado se destruya lo que por otro tanta falta hace. Y aunque a veces se deriven algunas cantidades de forma graciable a bancos de alimentos, éstas son mínimas y no resuelven ni de lejos el problema. Sin duda que es muy de alabar y agradecer la labor de las ONG y de los bancos de alimentos, pero resulta impresentable tratar de resolver con ‘caridades’ lo que tiene que hacerse por justicia. Es decir mediante un marco legal ad-hoc.
Si la producción es parte interesada en resolver el problema de abastecimiento de alimentos a los excluidos socialmente, el mundo de la distribución lo tiene que ser con mayor motivo, singularmente la gran distribución, que con su política de venta de productos señuelos, con venta a pérdidas y de marcas blancas (que más bien debieran llamarse negras por el daño que causan a nuestro sector agroindustrial), dificultan una evolución económica estable y positiva, tanto del sector agrario como de sus industrias de transformación.
Determinado y tipificado el colectivo de los excluidos socialmente por un lado y detectados los colectivos que pueden ofertar alimentos por otro, hay que determinar los mecanismos de relación entre ambos, tanto los imperativos como los potestativos. Más allá de la logística, que no tiene porque ser demasiado complicada, está el coste económico, que con las cifras inicialmente planteadas, la factibilidad parece asegurada, pero pudiera ocurrir que esta cifra de 3.000 millones de euros, resultase insuficiente y que los equilibrios de nuestro cuadro macroeconómico, unido a nuestros compromisos dentro de la UE dificultasen la operación y es aquí, sin arbitrismos de ninguna clase, donde pueden intentarse formulas relativamente novedosas.
Creación del ‘euro social’
Es una práctica habitual de muchas empresas dar a sus trabajadores vales canjeables por comidas en ciertos establecimientos con los que previamente se ha concertado; en EEUU, del mismo modo, se utilizan subsidios de carácter finalista para poblaciones marginadas para la compra de alimentos. En definitiva, se trata de crear un documento canjeable por determinados alimentos al que tuvieran acceso colectivos muy concretos. Realmente estamos hablando de crear dinero, poco y de carácter especial, así que por denominarlo de alguna manera, lo llamaremos, euro social.
En principio, este euro social no tiene que tener la misma equivalencia que el euro vigente, lógicamente debe ser menor, tampoco puede servir para comprar cualquier bien, sino tan solo determinados alimentos y no en cualquier sitio, sino en los específicamente determinados para ello. Solo sería canjeable por los tenedores autorizados y en las entidades igualmente autorizadas para ello. Y por supuesto, aunque las emisiones las hiciese el Banco de España, sería siempre con la autorización del Banco Central Europeo, que fijaría la cantidad y el periodo de vigencia de los euros sociales emitidos.
Tal vez, el camino que aquí se apunta tenga obstáculos infranqueables, esto tan solo significaría que habría que encontrar otros y hacerlo con suma urgencia. Superar la contradicción de que, por un lado, los agricultores y ganaderos se vean obligados a tirar alimentos como protesta o a dejar de coger cosechas por no ser rentables y que por otro, conciudadanos suyos pasen literalmente hambre, es a todas luces una cuestión prioritaria a resolver por cualquier gobierno e igualmente exigible por cualquier oposición. Y si se ponen de acuerdo en las soluciones, mucho mejor.
Aunque muchas veces cuesta creerlo, pienso que las sociedades van a mejor, es verdad que con muchos avances y retrocesos, eligiéndose en ocasiones caminos que prometían el paraíso y se acababa en el infierno, ello obliga a la prudencia, pero nunca a las inacciones, porque lo que sí es seguro, y la experiencia es larga y amarga a este respecto, es que si se siembra viento se recoge tempestad.