El proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria supera, al fin, la fase de incompletos borradores hasta la fecha divulgados mediante la web del Ministerio de Educación y pone al descubierto con toda la plenitud de la evidencia algunas de las mas graves carencias de la contrarreforma educativa promovida por los autores de la Lomce. Especialmente, en lo que se refiere a la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, cuya mera existencia se hace derivar de las exigencias de su otra asignatura alternativa, la clase de Religión, subordinándose a una función de refuerzo de la dimensión académicamente evaluable que se quiere otorgar a la enseñanza confesional, aplicando la interpretación más favorable de las posibles a los privilegios concedidos por el Acuerdo sobre Educación suscrito en 1979 entre el Estado español y el Vaticano.
Según el mencionado proyecto, los Valores Sociales y Cívicos “tienen una valía fundamental para las personas en una sociedad democrática” y, además, “el área de Valores Sociales y Cívicos ayuda en gran medida a garantizar el derecho universal de los niños a recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias”. También, según el proyecto de Real Decreto, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la defensa y desarrollo de la sociedad democrática, permite adquirir competencias sociales y cívicas y el estímulo de actitudes de cooperación y solidaridad de acuerdo con la Constitución, el respeto de los valores universales y la toma de decisiones basadas en principios morales, etc.
Pues bien, si es así, si es verdadera la importancia o trascendencia que para la convivencia en sociedad y la vigencia del modo de vida democrático y sus instituciones se atribuye al seguimiento por los alumnos de la educación en Valores Sociales y Cívicos, el currículo para Enseñanza Primaria que pretende implantar el gobierno conservador adolece de una grave incoherencia, de un importante error, de una enorme carencia, puesto que priva de esta parte de la educación, tan apreciada al parecer por las autoridades académicas del Estado, a un número importante de alumnos, ya que solamente podrá ser recibida por quienes no asistan a clase de Religión.
Los alumnos de Religión, por el contrario, solamente recibirán enseñanzas relacionadas con las doctrinas, las prácticas y la moral de su confesión, conforme a lo que establezca un currículo elaborado y aprobado libremente solamente por quienes, según el Concordato, tienen competencia sobre él, es decir, los obispos. Como si la formación confesional que reciban estos últimos alumnos tuviera alguna equiparación –que habría que analizar si realmente existe- con la que reciben los primeros. O bien habría que pensar que los alumnos asistentes a clase de Religión pretendieran por alguien ser puestos a cubierto de las enseñanzas civiles y los principios seculares, por no decir laicos, de un currículo que no es controlado por las autoridades religiosas.
Es evidente que la Lomce, para su despliegue y desarrollo curricular, procede a la demolición de la ordenación académica establecida por la LOE para la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, a la que elimina, tratando de cubrir el vacío mediante un ‘ensamblaje’ confuso en el que se advierte la presencia de tres elementos que se manifiestan en el currículo proyectado para la Enseñanza Primaria. Por una parte el proyecto de decreto alude a una serie de “Elementos trasversales” (Artículo 11), entre los que sorprendentemente menciona una “educación cívica y constitucional” que se trabajará en todas las asignaturas, sin perjuicio de un tratamiento especifico en alguna de ellas. Tal era el nombre de una asignatura de carácter residual que en los primitivos anteproyectos de la Lomce aún se recogían, hasta que el Gobierno se puso de hinojos y aceptó la total desaparición de la Educación para la Ciudadanía exigida por la jerarquía eclesiástica. Hoy ya se trata de una referencia semiclandestina de la que apenas quedan rastros en el proyecto de Real Decreto. Algunos de los posibles contenidos de una educación cívica tienen por ello todavía asiento en el Área de Ciencias Sociales, en la que se mezclan la Geografía y la Historia con el estudio de la empresa, la actividad empresarial. ”La educación financiera elemental”, con la transmisión y la práctica de los valores que favorecen la libertad, la ciudadanía democrática, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía, la prevención de la violencia de genero y de la “violencia terrorista”.
Finalmente, en el Área de Valores Sociales y Cívicos, donde no se incorporan contenidos curriculares sino criterios de evaluación, aparecen recogidos un buen conjunto de procedimientos que poco tienen que ver con valores éticos, como la adquisición de habilidades sociales y de técnicas para el fortalecimiento de la personalidad (construir un estilo personal, adquirir capacidades para tomar decisiones, estructurar un pensamiento independiente, proponerse desafíos, emplear asertividad, trabajar en equipo, etc.) que de manera genérica pueden ser actualmente calificados como “valores sociales”, aunque no cívico, ni éticos.
Además, sorprendentemente, incorpora también algo que resulta radicalmente contradictorio con uno de los argumentos que el ministro de Educación, José ignacio Wert, utilizó para desacreditar Educación para la Ciudadanía, porque permitía tratar “cuestiones controvertidas” inadecuadas para ser consideradas en el aula. Pues bien, ahora resulta que mediante la asignatura Valores Sociales y Cívicos los alumnos de Enseñanza Primaria deben ser enfrentados a la resolución de “dilemas morales” para detectar prejuicios relativos a las diferentes culturas, pese a que poco se advierte la pretensión de instruirles sobre las diversas éticas existentes en una sociedad plural. Igualmente se les quiere instruir para “expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión….”
¿Por qué solamente para los que no asisten a la clase de Religión? No se deben olvidar las circunstancias que han concurrido en la introducción de los Valores Sociales y Cívicos en el currículo escolar como alternativa a la clase de Religión confesional. Recordemos el ahínco con el que los obispos batallaron para suprimir Educación para la Ciudadanía y restaurar en su plenitud los privilegios académicos que el Concordato otorga a la enseñanza de la religión confesional, estableciendo una asignatura, en este caso relacionada con “Valores”, alternativa y evaluable con el mismo peso. Toda una lección sobre el poder que aún mantiene la Iglesia Católica sobre el sistema educativo español y la política educativa del partido conservador. Y un recordatorio a navegantes de que el conflicto escolar, que nuestro país arrastra, al menos desde la ley Moyano de mediados del siglo XIX, sigue vivo y se reactiva siempre que las reformas educativas iniciadas desde el poder civil soberano afecten a intereses o privilegios confesionales consolidados por la tradición o mediante tratados internacionales.
La Educación para la Ciudadanía establecida por la LOE fue acusada de intento de adoctrinamiento desde el Estado y de contener una carga ideológica afín a los planteamientos del Partido Socialista. No merece la pena que ahora nos detengamos en demostrar que lo que en realidad hizo el Gobierno socialista fue cumplir un tratado internacional e incorporar a nuestro currículo escolar el modelo de Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos diseñado en el marco del Consejo de Europa y generalizado en los países europeos. Ahora, el gobierno conservador no solamente elimina tal educación cívica sino que incorpora en las Áreas de Ciencias Sociales y de Valores Sociales y Cívicos importantes referentes propios de su ideología neoliberal y conservadora, detectables y evidentes no solamente por la pretenciosa “Educación financiera elemental” y para el emprendimiento empresarial que pretende inculcar en las mentes infantiles.
Los ideólogos de FAES han añadido al currículo de Enseñanza Primaria otros elementos adoctrinadores que evocan la política desarrollada durante los últimos años por el Partido Popular en materia de lucha antiterrorista, insistiendo en varios momentos del despliegue curricular en “el rechazo de la violencia terrorista y lo que representan las víctimas del terrorismo, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho y la prevención del terrorismo”. Partiendo de nuestro absoluto rechazo de todo terrorismo y expresando nuestra total solidaridad con sus victimas, no parece adecuada verter en un currículo para menores de 12 años los términos concretos y crudos de una acción política, a veces manipulada y manipuladora, puesta en marcha por un partido político.
Este área de Valores Sociales y Cívicos, que elude el uso de las palabras y los concepto de Ética y Educación para la Ciudadanía y para los Derechos Humanos, ha sido instrumentalizada para restaurar la vieja dicotomía curricular que los obispos y los sectores conservadores consiguieron implantar en el sistema educativo español hace mas de 30 años, siendo ministro de Educación por la UCD, el Sr. Otero Novas, que pertenecía al selectivo grupo de la Asociación Católica de Propagandistas de San Pablo. Aunque no lo regule así expresamente el Acuerdo sobre Educación con la Santa Sede, la asignatura de Religión habría de tener, según la interpretación del mismo que han conseguido imponer, una materia alternativa igualmente evaluable académicamente. Hoy nos encontramos, pues, ante una vuelta al pasado. Otra vez volvemos al reparto de alumnos por razón de creencias. A la separación y manejo de las comunidades escolares por motivos confesionales. Se vuelve a intensificar la utilización del currículo escolar para clasificar a creyentes y no creyentes, a fieles pertenecientes a una u otra iglesia, o no pertenecientes a ninguna de ellas. Se vuelve al despropósito de privar a los alumnos creyentes de la formación incluso en valores morales comunes y constitucionales ya depurados que incorpora el Área de Valores creada por la Lomce.
¿Qué otro motivo podría esconderse tras la desafortunada ordenación curricular establecida por la ley de contrarreforma en aquellos aspectos relacionados con los intereses confesionales acerca de la enseñanza de la Religión y su obligada alternativa evaluable “secular” de Valores?
El 21 de enero de 2014 el periódico Religión digital recogía un informe elaborado por su redacción con el título “La clase de Religión cae en picado”. Conforme a los datos recogidos en el “Anuario Estadístico. Datos de la Educación en España”, publicado recientemente por el Ministerio, el periódico digital sacaba las consecuencias: “La clase de Religión se apaga. Lentamente. Sigue siendo mayoritaria en las primeras escalas de la educación, pero lo cierto es que en la última década la cifra de alumnos matriculados en centros públicos ha caído 14 puntos en Enseñanza Primaria, 17 en Educación Secundaria Obligatoria y 23 en Bachillerato. Un fenómeno que también se produce en los centros privados concertados, mayoritariamente religiosos, que igualmente han perdido durante la última década en asistencia a clase de Religión un 4,2 % de alumnos en Primaria, un 8% en Secundaria y un 19% en Bachillerato.
Para detener semejante hemorragia vendrá muy bien la implantación de la reforma curricular de la Lomce ,que impone la obligación a los escolares de elegir, sin otra alternativa posible, entre clase evaluable académicamente de Religión o clase evaluable de Valores Sociales y Cívicos. Se acabó el sistema de libre elección, sin alternativa de asignatura obligada a la hora de la clase de Religión que estableció la LOE. Se acabó la opción de tiempo libre con la “debida atención educativa” que estableció la ley socialista para quienes no asistían a la enseñanza confesional.
Con semejante imperativo los alumnos estarán obligados a estar en una clase o en la otra. Algunos albergarán quizás por ello la esperanza de que con esta reducción de la libertad de elección –que tanto reivindican para favorecer sus intereses en la enseñanza- se incrementarán las cifras de quienes demanden una enseñanza que muchos han ido abandonando voluntariamente desde hace mas de una década.