Hace un año compareció el señor Wert en el congreso, anunciando que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sería sustituida por otra denominada Educación Cívica y Constitucional, eliminando las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento” y reduciendo al mínimo la duración y los contenidos del anterior desarrollo curricular, lo que no satisfizo a la portavoz del PP que solicitó su supresión lisa y llanamente. Luego vinieron los Decretos de agosto de 2012, depurando a la aún vigente ordenación curricular de la EpC de las tales cuestiones controvertidas y adoctrinadoras (en realidad se trata de aquellos temas que la Iglesia Católica quiere vetar e impedir que sean tratados en las aulas por ser contrarios a sus doctrinas, pese a que forman parte de nuestra legislación y están amparados por el principio fundamental de respeto al pluralismo de nuestra Constitución). Finalmente el “borrador” del Anteproyecto de Ley sobre Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) rectifica la anterior tentación de “debilidad” ministerial, por a la que le han denunciado los cruzados neocons y teocons, y elimina en su totalidad la materia del currículo oficial español, dando así cumplimiento al propósito manifestado por los adversarios de la existencia de la materia en nuestro sistema educativo.
No podíamos imaginar tamaño desprecio a los compromisos adquiridos por España en el Consejo de Europa, entidad de la que formamos parte y que ha promovido, con la conformidad y la participación de todos los Gobiernos de España, y la incorporación de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos (EpCD y DDHH) a los planes de estudio de todos los países europeos democráticos. Se tira así por la borda la labor de tantos educadores comprometidos en la educación cívica de millones de alumnos.
Nos convertimos en el primer país del Consejo de Europa que se desmarca del cumplimiento de tales fines de la educación por todos compartidos y aparecemos como e extravagante caso de un país que se sale de una comunidad de Estados que comparte un modelo de educación democrática, eliminando la formación cívica y en derechos humanos de sus ciudadanos, corriendo el riesgo de empañar la supuestamente cuidada “Marca España”, emborrando su hipotética modernidad con la casposa y reaccionaria imagen de la España diferente; diferente por descuidar más que nadie la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos de sus escolares mañana ciudadanos adultos Alguien se preguntará quiénes y por qué ponemos y en marcha este Memorándum al Consejo de Europa, denunciando los incumplimientos proyectados por el Gobierno en materia de Educación para la Ciudadanía.
Somos ya más de 50 ONG’s y no dejamos de recibir adhesiones. Todos somos organizaciones de la sociedad civil, autoras, voluntarias, dedicadas a promover valores y derechos de ciudadanía, dentro y fuera del sistema educativo. Somos plurales en nuestros fines, filosofías y sectores de actividad. Pero todos somos conscientes de la necesaria participación de la escuela en la promoción de la educación para la ciudadanía democrática, que debe ser un fin de la educación y una prioridad de la política educativa en un país que quiera preservar sus conquistas en el desarrollo de una democracia madura. Nos hemos decidido a actuar cuando hemos sentido la inquietud y la alarma que nos ha provocado la intención del Gobierno de suprimir toda EpC en nuestras aulas.
Nos sentimos directamente interpelados y motivados para unirnos e iniciar una actuación solidaria en defensa de unos valores en los que creemos firmemente y deseamos ver asumidos por nuestra escuela y nuestra sociedad. Alarmados y escandalizados por el grave daño que se puede provocar a nuestra convivencia social, a nuestro sistema democrático –difícilmente conseguido en España- y a nuestra escuela, retrasada siempre en la impartición de este tipo de educación.
Mientras el Consejo de Europa promovió a escala continental la EpCD y DDHH, ante las amenazas de deterioro de la práctica democrática, la desafección política y baja participación, más la necesidad de fortalecer la convivencia en sociedades plurales y multiculturales , sin embargo, aquí en España, donde padecemos hoy de manera bien aguda el debilitamiento de nuestro sistema democrático día a día (desafección a la política y a los políticos, corrupción, tendencias xenófobas, fundamentalismo y nacionalismos excluyentes, etc.), comprobamos con consternación cómo el Gobierno se dispone a eliminar los pocos instrumentos académicos y curriculares hasta ahora incorporados a nuestras escuelas para la educación en valores ético-cívicos y los derechos humanos.
En un momento de grave crisis económica y social, cuando más es necesario sería fortalecer los valores ética pública, solidaridad y civismo. ¡Cómo se puede incurrir en tal ceguera! Puede llegar a ser un golpe dañino contra nuestro sistema democrático, contra la vigencia de sus valores en la escuela y, por lo tanto, contra el nivel y calidad de formación de nuestros ciudadanos.
Esta amenaza contra la EpCD y los DDHH solamente se está produciendo en España. Animados por el Consejo de Europa la han incorporado a sus sistema educativos los países de los antiguos bloques de dictaduras comunistas y dictaduras fascistas, y en ninguno de ellos hasta ahora, salvo España, se ha apreciado intento alguno de eliminación. Nos preocupa que estemos otra vez ante emergentes tendencias autoritarias, que han comenzando a hacerse presentes en nuestra educación.
Alguien ha escrito (T. Todorov) que la democracia tiene hoy enemigos externos -que considera los menos peligrosos para ella- y enemigos “íntimos” –los que más daños le pueden hacer-, el populismo, la xenofobia, los nacionalismo excluyentes y, particularmente, el ultraliberalismo; una ideología radical y un modelo de sociedad que consagra la hegemonía de la economía desregulada y el individualismo más irracional sobre la política, la soberanía popular y los valores y derechos de ciudadanía, desmantelando el modelo social europeo y los fundamentos de solidaridad, justicia y convivencia del Estado de Bienestar.
Pues bien, la LOMCE es un fiel reflejo de esta ideología, no solo en los elementos que trata de introducir de selectividad y darwinismo social, debilitamiento del servicio público escolar, a lo que añade una propuesta esencialmente economicista primaria sobre los fines de educación, sino también por su intento de suprimir la EpCD y los DDHH, desdeñando su validez para nuestro actual sistema de convivencia democrática, al que arrastraría negativamente en su desaparición.
La contrarreforma que se prepara, hay que decirlo, obedece también a un impulso de retroceso y veto por parte de la jerarquía eclesiástica para que se elimine una educación que contemple formar a los alumnos sobre cuestiones que han estigmatizado como manifestaciones de relativismo moral e ideología de género que, a su juicio, han sido impulsadas por una conspiración laicista que nadie sabe quién ha diseñado y dirigido, salvo que se estime que los valores, libertades y derechos cívicos y constitucionales y su ejercicio son fruto de un contubernio inconfesable.
Todos estos hechos constituyen un auténtico test para medir la solidez de las convicciones democráticas de unas fuerzas políticas, confesionales y sociales y el grado de prioridad que asignan a la contribución que ha de hacer nuestro sistema educativo a la consolidación de un modelo de sociedad basado en una civilización democrática.
Ya no podrá argumentar el señor Wert, como hacia el año pasado, que actúa conforme a las directrices y orientaciones del Consejode Europa, cuando proponía dejar la EpCD y DDHH en un solo curso con la materia Educación Cívica y Constitucional. Si insiste en su propósito, en España se cerrará la puerta al cumplimiento de los cuatro objetivos que en Europa ha alcanzado la EpCD y, por lo tanto, nuestros alumnos, todos, se verán privados de la posibilidad de adquirir una cultura política que les permita conocer nuestro sistema democrático de convivencia y sus valores. No podrán desarrollar su capacidad de análisis y pensamiento crítico para actuar como ciudadanos libres , ni las competencias sociales y ciudadanas, ni las actitudes y valores democráticos, ni su participación activa en la escuela y la sociedad.
Este artículo fue publicado en el nº 220 de la Revista Temas de Marzo 2013.