No hace muchos días eldiario.es publicó un artículo titulado “Las constructoras capean la crisis del ladrillo con contratos de servicios públicos privatizados”. Privatizados por administraciones públicas gobernadas por partidos de derecha y de izquierda.
Después de haber contribuido, juntamente con los bancos, a la creación de la especulativa burbuja inmobiliaria, cuyo estallido ha llevado a la sociedad española al borde de la ruina y a muchas familias y ciudadanos a la ruina misma, a la pobreza, a la perdida de sus casas por los desahucios, y a la Hacienda del Estado a hacerse cargo de una descomunal deuda mediante la conversión en deuda publica a pagar por los contribuyentes de los despilfarros, lucros especulativos y otros desmanes de agiotistas de todo tipo, ahora las grandes empresas de construcción han encontrado un fácil camino para volver a sus acostumbrados beneficios introduciéndose en un nuevo negocio de servicios públicos privatizados, en un creciente mercado de servicios que han puesto a su disposición Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el mismo Estado.
Todo ello con el amparo de la Comisión Europea, que obliga a transponer a la legislación española las directivas comunitarias sobre la competencia que propician la privatización de servicios públicos y la creación de un libre mercado de servicios en el que rige el más descarnado principio liberal de la libre competitividad. Una legislación que ha transformado los dogmas neoliberales en imperativos para la privatización de servicios y la desregulación de todo tipo de mercados. De esta manera la “revolución conservadora” de los años setenta del siglo XX, propugnada por Thacher y Reagan, alcanza finalmente de plano a la Unión Europea, gracias también a las “terceras vías” puestas en marcha por algunos partidarios de la socialdemocracia conservadora.
En un escenario caracterizado por la reducción del gasto publico para el mantenimiento de servicios sociales, educativos, sanitarios ,etc., ahora ,por si faltase algún otro elemento de preocupación, se produce una situación en la cual es mas importante ,siguiendo la lógica del mercado y el principio capitalista esencial del lucro ,el logro del beneficio empresarial, con la reducción de costos que sea necesaria, que la satisfacción de los derechos de los ciudadanos a las prestaciones y servicios de calidad que como tales les corresponden, o que el salario de los trabajadores que se ven degradados-ambos- por la privatización.
En adelante, cada vez con mas frecuencia, serán las grandes empresas, como las constructoras ACS- presidida por Florentino Pérez, dueño de CLECE que gestiona ya 87 centros infantiles que acogen a 7.500 niños y niñas- FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr, y otras procedentes de otros sectores y habituadas a practicas oligopolicas, quienes con mentalidad de vendedores de los servicios como mercancías y no como prestaciones propias de derechos de ciudadanía extra comercium , se harán cargo de suministrar muchos de nuestros servicios sociales, escuelas infantiles, servicios y seguros sanitarios, seguridad, transporte, suministro de agua, limpieza urbana, centros de mayores, etc.
El Estado social y democrático de derecho prometido por la Constitución de 1978 experimenta así una grave erosión, paralela a la que sufren los derechos de ciudadanía social que en ella se proclaman. Se trata de un proceso de desposesión al que debemos enfrentarnos. Por dos razones: la primera, porque con la privatización se entregan a bajo coste para que sean utilizados lucrativamente bienes y servicios públicos que se han construido y financiado con el dinero de todos los contribuyentes; y la segunda, porque se produce una evidente degradación de los derechos sociales de ciudadanía cuando los servicios se prestan y venden como mercancías, solamente asequibles en función al nivel de renta de cada persona, lo que ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y la exclusión de los más desfavorecidos.